SECTOR NAVAL ESPAÑOL Y TAX LEASE

TAX LEASE, ¿QUÉ TAL BORRÓN Y CUENTA NUEVA?

 ‎#taxlease Hace unos días saltó a la prensa la petición del Comisario de Competencia de la Comisión Europea, el español Joaquín Almunia, de exigir al sector naval español la devolución de casi 3.000 millones de euros en concepto de devoluciones por las supuestas deducciones indebidas del tax lease aplicadas desde el año 2005 al 2011. Conviene recordar que este sistema de financiación naval responde a la imposibilidad de los astilleros españoles de luchar en condiciones de mercado frente a sus competidores asiáticos. Los astilleros españoles, englobados en el marco de las sociedades del bienestar europeas, deben soportar cargas sociales y fiscales que imposibilitan su competitividad. Anecdóticamente, frente a esta injusta situación, la CEE nunca ha querido abrir una guerra contra unos países asiáticos que, sin cargas sociales ni impositivas que soportar, son capaces de construir buques a precios inferiores respecto a los construidos en Europa. Y digo anecdóticamente porque la CEE mantiene desde sus inicios una guerra abierta en el siempre deficitario sector agrario que ha permitido, gracias a abultadas ayudas y subsidios, la subsistencia de éste. Subsistencia que evidentemente soportamos todos los europeos. Sin embargo, esta actitud belicosa de la CEE no ha existido en el sector naval, tal vez porque los intereses navales de Europa no coinciden con unos intereses navales alemanes a los que convendría recordar la mano ancha de la CEE con su sector naval en el momento de la integración de la extinta RDA. Ante esta situación de injusta competencia, los astilleros españoles y franceses idearon un sistema de financiación conocido como tax lease consistente en la aplicación de unos contratos de arrendamiento financiero con amortización acelerada de los mismos. Esta práctica, legal a todas luces, permitió la construcción en España de 257 buques y el sostenimiento de casi 90.000 puestos de trabajo. Esta modalidad de financiación naval rigió en España desde el año 2005 hasta el año 2011. En el año 2009 Holanda denunció esta práctica llevada a cabo por España y Francia. La denuncia fue desestimada al entender la Comisión que no existía trato discriminatorio alguno en esta práctica para el resto de astilleros europeos. Dos años más tarde la Comisión, con Almunia a la cabeza, reabrió la denuncia al considerar esta práctica como ilegal y exigir a los astilleros españoles la devolución de estas “ayudas financieras”. Por supuesto, Francia ha quedado exenta de reclamación alguna. La devolución de estas ayudas que propone Almunia supondrá el cierre definitivo del sector naval español. Un sector abandonado por una clase política española sin altura de miras ni convicciones nacionales que dejó morir nuestra Marina Mercante y ahora se apresta a firmar el acta de defunción de nuestros astilleros. Creo honestamente que el sector naval español se merece un borrón y cuenta nueva que le permita subsistir en medio de esta tan injusta realidad económica. Realidad a la que escapan el resto de países europeos con opacas prácticas que bien se cuidan de ocultar a los ojos del señor Almunia. Ah!, y por cierto, ¿alguien sabe por dónde anda el ministro de Industria, señor Soria? Juan Díaz Cano Doctor en Economía Presidente de la Real Liga Naval Española